Caracas, 03 de marzo de 2017.- El Gobierno Nacional vela por la distribución de materia prima, la producción constante y correcta prestación de servicios en las panaderías con el objetivo de garantizar a la familia venezolana el expendio del pan a precio justo.
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ejecutó el Plan piloto de 700 panaderías inspeccionadas en el mes de marzo en Caracas, logrando beneficiar a más de 415 mil familias en la capital.
Desde el 14 de marzo las instituciones del Estado, conformadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Superintendencia de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Comité Locales de Abastecimiento (CLAP) se desplegaron con la finalidad de verificar que el pan efectivamente le llegue a todos los ciudadanos.
Durante esas dos semanas se evidenció un total de 21 locales cerrados para evitar la fiscalización, por esta razón los funcionarios abrieron expedientes de investigación levantando actas y con los respectivos testigos con el propósito de hacer respetar el debido proceso, en breve tiempo determinaron las responsabilidades y las sanciones correspondientes.
Se detectaron infinidades de denuncias a través de la línea telefónica 0 800 LO JUSTO (0800-5658786) que dejando en evidencia el incumplimiento de la norma jurídica en cuanto al precio del producto y prestación de servicio.
En el procedimiento los fiscales visualizaron a las personas haciendo colas por horas para la adquisición del pan, documentaron el condicionamiento y desviación de la materia prima (trigo) para la fabricación de otros productos de menor demanda y más costosos tales como los cachitos, pastelitos, tortas y dulces hecho que quedó sustanciado en las actas de los fiscales.
Acciones para enfrentar la Guerra del Pan
El vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, precisó que “está prohibido el cobro de comisiones por la utilización del punto de venta en las panaderías, este es uno de los hechos irregulares que hemos detectado“. Afirmó que una panadería no debe tener más 300 sacos por mes en su inventario sobre la base de 10 sacos de harina de consumo diario.
Decretó que todo aquel establecimiento que incumpla con las disposiciones legales para darle acceso a los venezolanos la compra del pan a precio justo, será ocupado temporalmente por el Gobierno y se le entregará al CLAP de la comunidad.
En la fiscalizaciones -en conjunto con los organismos de seguridad del Estado- se tomaron dos panaderías cuyos panes no pesaban los 180 gramos establecidos, panaderías identificadas con el nombre de Mansion’s Bakery e Inversiones Rol 2025 ubicado en el Distrito Capital.
El superintendente de Precio Justo, William Contreras, expresó que los dueños de estos establecimientos tenían la producción continua, sin embargo “¿cuál es la primera novedad? que el pan canilla debe pesar 180 gramos. Estos señores la procesan en 140 gramos y lo cobran como de 180 gramos”.
El pan canilla tiene un costo de Bs. 100 y el campesino de Bs. 180. “El peso de la canilla no puede ser menor a 130 gramos y el del campesino debe ser de 250 gramos”. El precio del pan francés es de Bs. 50 por unidad y su peso no puede estar por debajo de los 50 gramos, explicó.
En cuanto a la harina de trigo hay dos presentaciones. La subsidiada por el Estado (Monaca) con un costo de siete mil bolívares por saco, y la privada que se expende entre 11 mil y 12 mil bolívares. “De cada saco se producen más de 500 unidades de pan campesino”.
Detalló que “el panadero debe dejar su materia prima organizada, como era antes, y en media hora tienen que salir el pan canilla y pan francés. El 90 por ciento del saco debe ser usado en estos panes, el otro 10 por ciento en otros productos” (14/03/17).
La Ley de Precios Justos estipula en el artículo 56: “Cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otro delitos conexos, procuren la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atente contra la Seguridad de la Nación, las penas contempladas se aplicarán en su límite máximo, igualmente se procederá la confiscación de los bienes, conforme a lo previsto en la Constitución Bolivariana de Venezuela”.
Ocupación temporal de panaderías
En este lapso se efectuaron -en casos puntuales- la ocupación temporal, dada la reincidencia de esos establecimientos en la comisión de delitos socioeconómicos, incumpliendo con el artículo 7°, numeral 12 de la Ley Orgánica de Precios Justos,que establece que sujetos de protección de la norma jurídica, tienen el derecho a la disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida, perjudicando al pueblo venezolano.
El superintendente de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, aclaró en reiteradas oportunidades que la toma de las panaderías no son expropiaciones sino ocupaciones temporales.
Se ejecutó la sanción preventiva establecida en la mencionada Ley, en su artículo 38°, numeral 2, practicada luego de la comisión de delitos socioeconómicos como el boicot (Art. 52°), especulación (Art. 49°), acaparamiento (Art. 52°) y condicionamiento de adquisición de bienes/servicios (Art. 56°), ocupación que puede durar entre 90 a 180 días, prorrogables, según sea la falta o reincidencia de la misma.
Según reza en su artículo 17° numeral 12, entre las atribuciones del organismo fiscalizador, está “imponer las sanciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, sin perjuicio de que pueda delegar esta atribución en otro funcionario o funcionaria”.
Con la medida de ocupación temporal se asegura la operatividad del local además del uso inmediato de los bienes necesarios para la continuidad de la producción o comercialización de las panaderías.
Es importante destacar que no se violenta la propiedad privada con la Ocupación Temporal ya que es una medida preventiva establecida en la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual es notificada al dueño del local para su ejecución, y corrección de los ilícitos cometidos, a quien posteriormente podrá ser devuelto sin causar daños, y con la supervisión de las autoridades competentes, para evitar la reincidencia de la comisión de los delitos por el cual fue sancionado.
La máxima autoridad de la Sundde explicó que con la ocupación temporal los trabajadores de la empresa siguen sus labores habituales, no cambia en la fecha de cancelación de sueldos y beneficios al empleado, todo lo contrario: Es responsabilidad del dueño del establecimiento cumplir con lo estipulado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
Por otra parte, Contreras informó que se han realizado inspecciones a empresas distribuidoras del trigo panadero con el fin de constatar la producción y distribución de este producto en la Capital.
El Superintendente destacó que se realizará un procedimiento de investigación a compañías o intermediarios que pretendan sabotear la distribución del trigo, la información la dio a conocer el 29 de marzo durante el programa Entrevista Especial, transmitido por Radio Miraflores.
De esta forma se garantizan los criterios y normas para establecer el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), del productor o importador, al distribuidor y al comerciante.
¿Qué hay detrás de la Guerra del Pan?
A juicio del politólogo e investigador de la Misión Verdad, William Serafino, hay empresas transnacionales que tienen intereses en Venezuela, por lo tanto la guerra económica, la amenaza con la Carta Democrática y la guerra no convencional están vinculadas al déficit de producción de pan en el país.
Aseveró que “la guerra del pan está conectada a unos sectores visibles y a una agenda internacional que intenta generar un estallido social en el país”.
Serafino detalló que 12 de los molinos más importantes que procesan trigo, provenientes de la empresa Cargil, se encuentran ubicados en la región central, situación que dificulta satisfacer la demanda de las casi 10 mil panaderías del país.
Sostuvo que detrás de la crisis económica inducida está el proyecto de Estados Unidos para dar golpes de Estado en Latinoamérica, siempre enfocados en el tema económico, cuyo objetivo principal es la población.
“El caos económico y la creación de un mercado negro sirve para generar las bases de un proceso mayor de escalada de conflicto”, recalcó. /EM
Fuentes: Sundde, Ley Orgánica de Precio Justo y VTV
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