Buenos Aires, 09 de diciembre de 2016.- A juicio de activistas y defensores de los derechos humanos en Argentina, la detención de la activista es sinónimo de criminalización a la protesta y de persecución política.
El 16 de enero de 2016 la líder de Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Milagro Sala, fue trasladada a la comisaría de la Mujer en Argentina bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez, luego de ser imputada por supuesta “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”.
El motivo de su encarcelamiento ocurrió tras una acción de protesta: el acampe en la Plaza Belgrano ante la negativa de diálogo del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Sala rechazaba el reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo gobierno de Gerardo Morales, aliado del partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri, reseñó RT en su portal web.
La Mesa de trabajo de la ONU exigió en octubre pasado la liberación inmediata de la líder sindical, sin embargo, el Gobierno no ha respondido a la solicitud. En un comunicado, el organismo internacional denunció que hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo y esto constituye una vulnerabilidad de la independencia judicial.
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