Caracas, 31 de marzo de 2016..- Visipol y el Consejo General de Policía expresaron su solidaridad con familiares y colegas de los funcionarios policiales fallecidos en el cumplimiento del deber.
El Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía expresan públicamente su solidaridad, apoyo y sentidas condolencias a las familias de los jóvenes oficiales de la Policía Nacional Bolivariana y de la policía estadal, Armando Otos Márquez Molina (24) y Nicolle Melisa Pérez Soler (21), respectivamente, quienes fallecieron el día de ayer en el estado Táchira, producto de la acción criminal de un grupo vandálico que embistió con un vehículo de pasajeros contra las unidades de orden público que allí actuaban en resguardo de una manifestación.
Este sentir solidario y dolor compartido se hace extensivo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que conforman los cuerpos policiales, no solo en los que prestaban servicios estos jóvenes ayer fallecidos, sino en general a todas las policías del país, en las cuales diariamente arriesgan sus vidas y lamentablemente muchos también las pierden en aras de cumplir con el sagrado mandato de “SERVIR Y PROTEGER” al Pueblo, con responsabilidad, profesionalismo y mística.
El suceso ocurrido en Táchira que hoy enluta a la gran familia policial venezolana convoca a una profunda reflexión, no solo dentro de los cuerpos policiales y las instituciones del Estado con responsabilidad en la materia de seguridad ciudadana, sino a la sociedad en general. Lo ocurrido ayer es evidencia de las fatales consecuencias que tiene para el colectivo social venezolano la inoculación del odio en determinados sectores, la pérdida del respeto por el valor supremo de la vida y la utilización de prácticas criminales como parte de agendas políticas que en definitiva siempre producen víctimas inocentes, dolores irreparables y un quiebre aun más profundo en el seno de la comunidad nacional.
Resulta terriblemente paradójico que estos deleznables hechos de violencia criminal hayan ocurrido el mismo día que, de manera subrepticia, desde la Asamblea Nacional se dio aprobación a la denominada “Ley de Amnistía y Reconciliación”, en el marco de la cual se pretende librar de responsabilidades a sujetos que en el pasado no tan lejano cometieron hechos de características muy similares a las que hoy enlutan a dos familias de policías venezolanos; acontecimientos de la historia reciente entre los que se cuentan también los sensibles fallecimientos de diversos funcionarios de seguridad ciudadana, en el marco de las denominadas “guarimbas”. Es por tanto altamente cuestionable desde el punto de vista ético, el hecho que autores de crímenes infames como el que hoy nos ocupa, pudieran gozar en un futuro próximo del beneficio del perdón cuasi automático, por vía de la aplicación de esta bochornosa legislación que impulsa un sector del Poder Legislativo.
La labor policial es una de las más complejas, exigentes y socialmente no siempre es valorada. Quien ha decidido ser policía por vocación ha hecho una opción de servicio trascendental, solo equiparable a la de aquellos que ponen por delante la preservación de la vida del prójimo por encima de los propios intereses o necesidades. El buen policía es un servidor público o servidora pública de primera línea que merece todo nuestro respeto, empatía y valoración. Algo que debemos cultivar más que nunca en estos tiempos donde esos valores esenciales tienden a diluirse en formas y relaciones sociales deshumanizadoras.
Confiamos que el sistema de justicia venezolano obrará con celeridad, transparencia y efectividad para que los autores materiales e intelectuales de este abominable crimen no queden impunes. La moral policial solo se puede mantener en alto si se sabe que a pesar de lo ocurrido, todo el andamiaje institucional del Estado, garante de derechos como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actuará consistentemente para que hechos como estos sean juzgados y condenados, marcando claros precedentes que inhiban hechos similares en el futuro.
Caracas, 30 de marzo de 2016.-
GIUSEPPE CASIOPPO OLIVERI
Viceministro del Sistema Integrado de Policía
PABLO FERNÁNDEZ BLANCO
Secretario Ejecutivo del Consejo General de Policía
