La medida calificará a todos los grupos criminales dentro del estado y serán tratados como terroristas.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó los nuevos lineamientos de la estrategia integral de seguridad y orden público de su gobierno, la medida marca un giro clave en la lucha contra el crimen organizado al clasificar a todos los grupos armados ilegales bajo una sola categoría, "terroristas".
Durante el anuncio, el mandatario fue contundente respecto a la postura que asumirá el Estado colombiano, "Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal", dijo.
Además, está postura es clave para la nueva estrategia de seguridad, buscando un bloque nacional de búsqueda contra la extorsión: conformando esta unidad con fuerzas combinadas del Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aeroespacial, de la mano con la Fiscalía y la Judicatura.
También, se creará un combate a las finanzas criminales, con la reactivación de la UIAF bajo el liderazgo de la exfiscal Marta Lurreyes, con acceso a información bancaria de los últimos cuatro años.
Por su parte, estará el control carcelario, reactivando el sistema de recompensas, red de cooperantes, operativos de redadas y traslados carcelarios urgentes para evitar que las prisiones operen como centros de extorsión.
Instrucciones precisas a Migración Colombia para iniciar operativos coordinados con la Policía de Barranquilla contra la migración ilegal y la delincuencia extranjera. Mientras, que hace un llamado a la Fuerza Pública a actuar de forma unificada y anuncio de la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados por ciudad.
Lucha contra el "gota a gota" y cártel de tierras: Persecución al despojo de tierras y combate frontal al préstamo ilegal, calificado por el presidente como una "forma moderna de esclavitud que afecta a 12 millones de colombianos".
El mandatario concluyó advirtiendo que las próximas reuniones con las autoridades no serán para realizar diagnósticos, sino para verificar la ejecución directa de todo lo acordado.
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