Con la ejecución del Plan Nacional de Acción y Prevención 2024-2026, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) refuerza las acciones contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Luego de una mesa de trabajo realizada este lunes y encabezada por la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez, el máximo órgano rector de la Justicia en el país también informó que la Sala de Casación Penal, en articulación con la Inspectoría General de Tribunales, llevará a cabo una verificación sistemática de expedientes vinculados a este tipo de delitos y sus antecedentes.
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